COCAHI, a la que pertenece ACS, advierte de la dificultad del pequeño comercio para adaptarse a VeriFactu

Desde COCAHI alertan de que la adaptación no será fácil para los comercios de proximidad, muchos de los cuales operan con recursos limitados, agendas saturadas y escaso acceso a formación tecnológica. La obligación de actualizar o sustituir software, recibir formación específica y ajustar procesos internos supone un coste económico y organizativo que gran parte del pequeño comercio no puede asumir en estos momentos.

“El comercio de nuestros cascos históricos está luchando por sobrevivir. No es razonable imponerle una carga más sin darle tiempo ni apoyo. Muchos comerciantes no disponen ni de los recursos ni del tiempo necesario para formarse en un sistema tan complejo.” apunta su presidente Jose Manuel Bello Rey.

COCAHI propone una moratoria de un año

Para evitar que esta medida se convierta en un factor más de cierre de pequeños negocios, COCAHI propone una moratoria de un año sobre la obligatoriedad de implantación del sistema VeriFactu. Este periodo es esencial para permitir que los comercios puedan planificar, formarse y adaptarse de manera gradual y realista.

La moratoria debe ir acompañada de un paquete de medidas

COCAHI considera indispensable que esta moratoria vaya acompañada de un paquete de medidas de apoyo específico que incluya:

– Ayudas económicas directas para la adaptación o adquisición de software compatible con VeriFactu.

– Programas de formación digital accesibles y gratuitos para comerciantes.

– Asistencia técnica personalizada durante el proceso de implantación.

– Simplificación de trámites y requisitos para que la adaptación no se convierta en una nueva barrera administrativa.

Este conjunto de medidas debe garantizar que la transición a VeriFactu no agrave la situación de un sector que es clave para la vida económica y social de los centros históricos.

Un sector esencial que no puede asumir más cargas

Los comercios de los cascos históricos constituyen una parte esencial de la identidad urbana, contribuyen a la cohesión social, al empleo y a la actividad económica local. Su fragilidad actual exige políticas públicas que los protejan y acompañen en cualquier transformación tecnológica.

“La modernización fiscal es necesaria, pero no a costa de poner en riesgo a quienes mantienen vivos nuestros centros históricos. Es el momento de apoyar, no de exigir más.” añade además su presidente Jose Manuel Bello.