España presenta una situación sensiblemente más desfavorable que la media europea y que la OCDE en cuanto a presión fiscal normativa. Además, la presión fiscal efectiva en nuestro país es, cada año, más cercana a la media de la UE y elevada si se sitúa en un contexto internacional. Si para la comparativa internacional se utiliza el indicador de esfuerzo fiscal, España también se sitúa claramente por encima del de la media de la UE, siendo una de las grandes economías avanzadas que mayor esfuerzo fiscal realiza.
Esta presión fiscal se concentra especialmente en el sector empresarial con unos indicadores de presión fiscal efectiva y normativa muy superiores a la media de la UE y de la OCDE. Prueba de ello es que la proporción de la recaudación total procedente de las empresas es mucho mayor en España que en la UE. Como conclusión, España soporta una presión fiscal normativa muy superior a la media europea, con especial incidencia en la fiscalidad empresarial, o, lo que es lo mismo, cuenta con un sistema fiscal más ineficiente y distorsionante que penaliza el ahorro y la inversión.
En nuestro país, las medidas de incremento de los tributos al ahorro y a las empresas se pretenden justificar, además de en la pretendida diferencia de presión fiscal con la media de la Unión Europea, que los datos aportados en este informe abrumadoramente demuestran que no es tal, en la necesidad de reducción del déficit, además de emplear argumentos de redistribución de la riqueza, sosteniendo que los grandes patrimonios pagan pocos impuestos.
Sobre el objetivo de reducción del déficit, lo cierto es que una de las peores decisiones que puede tomar el Gobierno, en un momento como el actual, es la de subir los impuestos, en general, y al sector empresarial, en particular, ya que las alzas impositivas deprimen la oferta productiva y el consumo, justo lo contrario de lo que necesitamos, y deterioran las expectativas de los agentes provocando una degradación de la confianza, que es el pilar fundamental sobre el que apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo.
Por otro lado, la vuelta a la senda de equilibrio presupuestario, tras la pausa acordada duran[1]te la crisis motivada por la pandemia, hace temer que se pretendan corregir los equilibrios mediante la subida de impuestos adicionales, lo que empeorará nuestra competitividad fis[1]cal aún más.
En este contexto, y para mantener el equilibrio presupuestario, es prioritario acometer nuestra gran reforma estructural pendiente: la de optimizar la eficiencia del gasto público, y no realizar subidas impositivas adicionales que comprometen el crecimiento y, por lo tanto, la consolidación presupuestaria ulterior. Así, gran parte del gasto público estructural no se debe tanto a mejores prestaciones públicas a los ciudadanos, sino a mayores ineficiencias.
La única forma de aumentar nuestra recaudación impositiva, de forma sostenible, pasa por favorecer la recuperación de la actividad. Para ello nuestro objetivo debería ser la consecución de una fiscalidad competitiva y equiparable con nuestro entorno que favorezca la actividad, la inversión empresarial y el empleo, además de mitigar nuestra excesiva tributación del capital, en general, y sobre la empresa, en particular.
Fuente: Instituto de Estudios Económicos
