COMERCIANTES, HOSTELEROS Y AUTÓNOMOS DE ESPAÑA PIDEN AL GOBIERNO APOYO ECONÓMICO PARA RECONSTRUIR SUS NEGOCIOS TRAS LA DANA

Las ayudas directas a nivel nacional son insuficientes y ponen en riesgo la recuperación de miles de pequeñas empresas y puestos de trabajo
Madrid, 19 de marzo de 2025. La Confederación Española de Comercio (CEC), la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y Hostelería de España han expresado su preocupación por la falta de medidas por parte del Gobierno y solicitan apoyo urgente para la recuperación de los pequeños comercios, establecimientos hosteleros y negocios autónomos gravemente afectados por la DANA.

Más de 10.000 pequeños negocios han sufrido daños, con pérdidas económicas que superan los 1.700 millones de euros, poniendo en peligro miles de empleos en las zonas afectadas.

De las ayudas anunciadas por el Gobierno central, sólo el 9% son directas, una cifra totalmente insuficiente que no ayuda en el camino hacia la reconstrucción. El dato contrasta con el gobierno autonómico que ha destinado el 61% a ayudas directas, pese a que la Comunidad Valenciana es una de las regiones más infrafinanciada, situándose durante años en las últimas posiciones de distribución financiera por habitante.

Junto a la falta de ayudas directas, se suma el hecho que en torno al 50% de los pequeños negocios no cuenta con el pago de indemnizaciones por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, lo que ha dejado a los pequeños empresarios en una situación de desamparo, sin los recursos necesarios para poder comenzar su recuperación.
Estos pagos les corresponden a los empresarios por el abono de las primas de los seguros y son fundamentales para agilizar la reconstrucción. A medida que pasan los días sin respuestas, más empresas se ven obligadas a cerrar, lo que agrava la crisis económica y el impacto social en los municipios impactados por la Dana.

Por ello, desde CEC, ATA y Hostelería de España se pide al Gobierno central el adelanto por parte del Consorcio del 50% del pago de los seguros a empresas de menos de 5 trabajadores para poder avanzar en la reconstrucción, así como un paquete de ayudas extraordinarias que incluya subvenciones directas para la rehabilitación y reapertura de los pequeños establecimientos dañados. Es necesario que se facilite a estos negocios el camino hacia la reactivación empresarial para impulsar la economía local y poder atender y dar servicio a las poblaciones afectadas.

La Comunidad Valenciana es una de las regiones con mayor presencia de pequeñas empresas, con un sector del comercio que representa el 13% del PIB regional, generando más de 200.000 empleos directos. La hostelería, representa el 9,1% del PIB y emplea a 160.000 personas en la provincia. En las zonas afectadas trabajan 51.000 autónomos, el equivalente a uno de cada tres trabajadores por cuenta propia de la provincia de Valencia, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Sin apoyo urgente, estos negocios no podrán sobrevivir, lo que llevará a la pérdida irreversible de empleos y actividades empresariales que tendrán una repercusión directa sobre la economía.

Más de tres cuartas partes de las empresas afectadas por la riada corresponden al sector servicios, entre los que se encuentra comercio, hostelería y autónomos, un sector que representa en la zona Dana el 72,9% del pago de cotizaciones sociales.
Las pérdidas millonarias en estos sectores esenciales no solo afectan a los trabajadores y empresarios locales, sino que pone en riesgo la estructura empresarial y la estabilidad económica de la provincia y de la comunidad autónoma, que tienen un impacto directo sobre la economía nacional.

«La situación es crítica e insostenible. Los pequeños empresarios y autónomos se encuentran al borde de la desaparición. El gobierno es el único que tiene capacidad suficiente de poder destinar los recursos necesarios para evitar este desastre. Las ayudas deben estar a la altura del impacto devastador de la Dana.

Si no reciben el apoyo urgente, se calcula que más del 30% de los negocios morirán, dejando a las poblaciones sin tejido empresarial, sin servicios vitales, provocando la destrucción de la principal fuente de empleo. No podemos permitir que miles de pequeños empresarios y autónomos, que son la base de nuestra economía, queden desamparados. La reconstrucción de la economía local no puede esperar más”, han declarado desde las organizaciones firmantes.

CEC, ATA y Hostelería de España instan al Gobierno de España a actuar con urgencia y responsabilidad para evitar la pérdida de un tejido empresarial, imprescindible para el desarrollo, impulso y la recuperación de la economía local de las zonas afectadas.

CEC alerta de los efectos negativos de la subida del salario mínimo para las empresas más pequeñas del comercio

La patronal del comercio de proximidad ha solicitado una reunión con los diferentes grupos parlamentarios para trasladarles su preocupación ante la afectación de esta medida, especialmente en los formatos más pequeños de comercio

Esta imposición gubernamental, tal y como podría suceder con la tramitación de la reducción de la jornada laboral, dañaría el diálogo social que representan los cientos de convenios colectivos que tienen en consideración las diferentes particularidades y realidades socio económicas

La Confederación Española de Comercio (CEC), a la que pertenece la Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS),  quiere trasladar una vez más su preocupación ante la decisión del Gobierno de situar el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025 en 1.184 brutos.

En una carta remitida al Ministerio de Trabajo y Economía Social y a los principales grupos parlamentarios, CEC ha señalado que esta medida sería especialmente gravosa para el comercio minorista, constituido en su inmensa mayoría por empresas con un solo establecimiento para las que el SMI se ha incrementado desde 2018 el triple que las ventas registradas, generando una gran desproporción entre el SMI y la evolución de la facturación. Para la Confederación es inasumible la falta de consideración hacia la evolución de la productividad como un indicador clave para la toma de decisiones salariales realistas, acordes a la situación económica de las empresas.

CEC quiere resaltar también la importancia de proteger a un sector tan estratégico para la economía como es el comercio minorista, formado por 384.774 empresas que representan el 12,3% del total del tejido empresarial a nivel nacional, dan empleo a 1.917.681 personas por cuenta propia y ajena (10% del total) y generan el 4,9% del PIB nacional. Empresas muchas de ellas debilitadas ya por el constante incremento de costes al que se están viendo sometidas por el desarrollo de su actividad, unos costes a los que se podrían sumar ahora, en caso de aprobación, los derivados de la reducción de la jornada laboral y el aumento del SMI, lo que sin duda agravaría aún más su situación y las colocaría en grave riesgo de desaparición.

Por último, CEC quiere señalar que estas imposiciones gubernamentales en cuestiones de salario y de reducción de jornada podrían dañar el diálogo social que representan los cientos de convenios colectivos que tienen en consideración las diferentes particularidades y realidades socio económicas de los ámbitos territoriales en los que se negocian.  Además, una imposición de esta magnitud ignora el papel que la Constitución otorga a los agentes sociales y no tiene la más mínima consideración y respeto hacia el diálogo social como vía para alcanzar acuerdos que favorezcan tanto a las personas trabajadoras como a las empresas, promoviendo un crecimiento equilibrado y sostenible para el comercio de proximidad.