La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no se quiere quedar atrás y ya ha comenzado a estudiar diferentes alternativas para poner bajo control las cajas registradores de los pequeños comercios a través de algún esquema de validación de ‘tickets’ que impida la manipulación con fines fraudulentos de sus ingresos diarios de caja. Así se lo trasladó hace unos meses el director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia, Javier Hurtado, a los directores del área fiscal de las principales empresas del país y así se confirma desde fuentes de la Agencia Tributaria, que aclaran no obstante que el asunto está todavía en fase de estudio y no hay ningún plan concreto sobre el particular.

Hurtado recalcó en esa reunión que el sistema de control al que le está dando vueltas la Agencia Tributaria se aplicaría exclusivamente a las llamadas facturas simplificadas -los tradicionales ‘tickets de compra’- y consistiría en la aplicación de algún sistema de validación -en la reunión especuló con la posibilidad de que fuera un código QR– que garantizara el cumplimiento de determinados requisitos como su autenticidad, conservación o no mutabilidad de las facturas una vez emitidas. El jefe de Inspección de la Agencia se esforzó también en dejar claro que el sistema no afectaría a las empresas que ya operan bajo el Suministro Inmediato de Información (SII), que fue la principal preocupación que manifestaron los representantes de empresas como Iberdrola o Inditex.

Tal cosa no ocurrirá. Fuentes de la Agencia Tributaria recalcan que cualquier sistema de control de la facturación por cajas registradoras que se implante no incluirá el reporte automático a la Administración -al menos, no lo hará a corto plazo- sino que se centrará en un esquema de verificación y certificación de las facturas lo suficientemente seguro para no facilitar la comisión de fraudes por esa vía.

Las grandes empresas del país han tenido que adaptar recientemente sus sistemas de facturación con una inversión más que relevante para poder atender al nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), implantado por la Agencia Tributaria, que les obliga a reportar con regularidad su facturación diaria a Hacienda para controlar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones en el IVA, y se temían que el giro de las políticas tributarias de otros países hacia el reporte ‘ticket a ticket’  para controlar los cobros del pequeño comercio desactivara el SII a los pocos meses de su entrada en vigor.

Cerco a las contabilidad en B

El fallido anteproyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal, que el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero llegó a presentar a finales de 2018 pero que decayó -como tantas otras iniciativas de ese gobierno- tras el adelanto electoral que desembocó en la situación de parálisis política actual, ya sentaba las bases de las ideas del nuevo equipo de Hacienda y de la Agencia Tributaria para atacar las contabilidades en B de las empresas en España.

La estrategia regulatoria del Gobierno se planteaba a dos niveles. En la dimensión punitiva, el Ejecutivo pretendía sacar fuera de la ley el denominado ‘software de doble uso’, que aún hoy se puede adquirir sin grandes problemas y que permite a las empresas ocultar ingresos y ventas reales en su facturación electrónica con un ánimo claramente defraudatorio. La Inspección ha detectado en los últimos años un auge de estos programas informáticos para desarrollar una contabilidad B de última generación y la idea de Hacienda era sacarlos de la circulación con duras sanciones a las empresas que los desarrollan y los comercializan, y por supuesto a las empresas que las utilizan.

Por otro lado, Hacienda pretendía también legislar para establecer una serie de requisitos que deberán cumplir todos los programas informáticos de gestión utilizados por las empresas y los autónomos para llevar sus procesos contables a fin de que «garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad de los registros», un objetivo que no sólo se plasmó en el anteproyecto de ley sino que también se comunicó a la Comisión Europea como uno de las principales palancas de la política contra el fraude para generar nuevos ingresos fiscales.

Fuente: lainformacion.com